ENTRE PERIODISTAS
CREEN QUE ES INNOVADOR, PERO MÁS BIEN ES UN ERROR
Por Andrés A. Solis*
Esta semana el Congreso del Estado de Durango aprobó finalmente la ley de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, luego de varios años de discusiones. Es un logro importante y faltará leer y analizar con calma cómo quedó el dictamen final.
Congresistas, periodistas y activistas duranguenses expresaron su satisfacción, pero a mí me llama la atención algo que presumieron como un logro importante y como algo “innovador” respecto a leyes similares en otras entidades y la propia ley que opera a nivel nacional desde 2012. Un tema que discutimos hace casi una década.
De acuerdo con una nota publicada por El Heraldo de México este lunes 31 de mayo, “dentro de las innovaciones en la legislación en mención, es que, se pasa el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría General de Gobierno, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
¿Por qué debe llamarnos la atención?
Las comisiones defensoras de derechos humanos están para protegernos de abusos del poder, nos cuidan de que las autoridades no violen nuestros derechos, sus leyes no incluyen sanciones y sus recomendaciones se quedan casi siempre en simples llamados a misa.
Las comisiones de derechos humanos NO pueden conocer de conflictos entre particulares, lo que significa que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango carece de facultades legales para atender agresiones contra periodistas que provengan de agentes NO estatales, como por ejemplo las bandas del crimen organizado. ¿O será que las bandas criminales pondrán una oficialía de partes para recibir las recomendaciones del ombudsperson?
El riesgo que enfrentamos como periodistas es un tema de seguridad pública que requiere la realización de estudios de evaluación de riesgo y el diseño de planes de protección que involucra a agentes del estado para cumplir las medidas de protección que pueden ser escoltas, rondines policiales, instalación de equipos de seguridad y hasta vehículos blindados y equipamiento balístico.
Si la CEDH coordinará el Mecanismo, ¿se va a cambiar la Constitución y las leyes en Durango para que el ombudsperson le dé órdenes al secretario de Seguridad Pública estatal o a los jefes policiacos municipales?, ¿la defensoría de derechos humanos tendrá facultades legales para la compra de equipamiento de seguridad?
Mis colegas en Durango pensaron que necesitaban un mecanismo autónomo ante la desconfianza hacia las autoridades, pero no se dan cuenta que les comieron el mandado y ahora el Estado podrá fingir demencia, incumplir su obligación de proteger periodistas y echarle la bronca a la Comisión de Derechos Humanos.
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*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Conduce el programa “Periodismo Hoy” que se transmite los martes a las 13:00 hrs., por Radio Educación.