La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante un Juez la participación de Michelle Hernández Andrade, Diego Antonio García Bahena, Edgar Rodrigo García Leguizamo y Alexis Herrera Ortiz en el delito de homicidio en agravio de tres servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública en funciones, hecho por el cual fueron sentenciados 108 años y nueve meses de prisión para cada uno de ellos.
De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el 28 de enero de 2025, las víctimas, quienes se desempeñaban como policías municipales de Malinalco, se encontraban realizando actividades inherentes a sus funciones a la altura del segundo arco de la entrada al centro del Municipio de Malinalco, sobre la carretera Capulín-Chalma, lugar al que llegaron dos vehículos de los cuales descendieron ocho sujetos, entre ellos los ahora sentenciados, quienes portaban armas de fuego.
Al tener de frente a los servidores públicos, accionaron sus armas de fuego en contra de los tres policías, ocasionándoles lesiones que les causaron la muerte, tras lo cual los responsables huyeron del lugar.
Con el avance de las investigaciones, esta Representación Social identificó a estos sujetos como intervinientes de este hecho, por lo que solicitó ante el Juez la orden de aprehensión en su contra.
Dicho mandamiento judicial al ser cumplimentado por elementos de la Fiscalía mexiquense permitió la aprehensión de Michelle Hernández Andrade, Diego Antonio García Bahena, Edgar Rodrigo García Leguizamo y de Alexis Herrera Ortiz, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial.
Con las pruebas ofrecidas por el Agente del Ministerio Público para demostrar la responsabilidad de los imputados, el Órgano Jurisdiccional decretó la culpabilidad de Michelle Hernández Andrade, Diego Antonio García Bahena, Edgar Rodrigo García Leguizamo y de Alexis Herrera Ortiz, en el delito de homicidio en contra servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública en funciones.
Por estos hechos un Juez sentenció a cada uno de los responsables a 108 años y nueve meses de prisión, al pago de una multa por 602 mil 460 pesos y un pago por concepto de reparación del daño 247 mil 776 pesos por cada una de las víctimas, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
