Menos espera para quienes buscan justicia, es el objetivo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial del Estado de México que puso en marcha cinco Tribunales de Alzada en Materia Penal, dos de ellos en Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, uno en Texcoco y dos en Tlalnepantla. La medida forma parte de una reorganización que contempla seis órganos en total y
busca distribuir la carga de trabajo, reducir el rezago y acelerar la resolución de las apelaciones contra decisiones de los Juzgados de Control.
En los Juzgados de Control de Almoloya de Juárez, el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del OAJ -acompañado por la magistrada Elizabeth Rodríguez Colin, también integrante del órgano-, explicó que el cambio responde a la necesidad de mejorar la atención a los usuarios y reducir los tiempos de respuesta.
Ahondó que un diagnóstico mostró que los cuatro tribunales unitarios que ya existían concentraban 44.7 por ciento de los asuntos penales y acumulaban 59.9 por ciento del rezago, con cargas de trabajo que duplicaban o incluso triplicaban las de los tribunales colegiados.
“Lo más importante es la atención a los usuarios y la reducción de los tiempos en los que se resuelven los asuntos. De nada sirve un asunto si la justicia llega tarde”, señaló Díaz Juárez.
Para equilibrar esa carga, el Acuerdo APOAJ/42/2026, emitido por el Órgano de Administración el 10 de septiembre y publicado en la Gaceta del Gobierno el 25 del mismo mes, ordenó redistribuir de manera equitativa los tocas o carpetas que se encontraban en trámite en los tribunales unitarios.
El movimiento se realizó mediante el Sistema de Gestión Judicial Penal y dejó fuera los asuntos
suspendidos por amparo u otros impedimentos legales.
De manera simultánea, en la Región Judicial de Tlalnepantla, la puesta en marcha estuvo a cargo de la magistrada María Alejandra Almazán Barrera y en Texcoco, el arranque fue encabezado por el magistrado Pablo Espinosa Márquez, ambos integrantes del Órgano de Administración Judicial.