Las comisiones unidas del Congreso mexiquense avalaron la iniciativa del diputado Valentín Martínez Castillo (morena) para proponer al Congreso de la Unión que se establezca en la Constitución federal la obligación de los municipios de elaborar sus atlas de riesgos, así como que se definan plazos para su integración al Sistema Nacional de Protección Civil y su actualización anual, a más tardar en marzo de cada año.
El dictamen, que, de ser aprobado por el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, será remitido al Congreso de la Unión para su análisis, también busca reformar la Ley General de Protección Civil para establecer que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) supervise la elaboración y actualización de los atlas de riesgos locales, cuya integración al Sistema Nacional deberá realizarse dentro de los primeros 180 días naturales contados a partir del inicio del periodo constitucional de cada gobierno.
El proyecto legislativo analizado en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señala que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que no cuenten con este instrumento a la entrada en vigor del decreto deberán elaborarlo en un plazo máximo de 180 días naturales y presentarlo ante la autoridad estatal de protección civil para su integración al Sistema Nacional.
El diputado Valentín Martínez Castillo señaló que los atlas de riesgos permiten informar a la población sobre zonas peligrosas, establecer criterios de prevención a corto, mediano y largo plazo, y proteger la vida y el patrimonio de las familias ante fenómenos naturales, socavones y riesgos derivados de negligencias humanas. Asimismo, destacó que estos instrumentos ayudan a evitar autorizaciones de construcciones en zonas de alto riesgo.
Al presidir la reunión de comisiones unidas, el parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) indicó que la prevención exige que los 125 ayuntamientos asuman su responsabilidad y eviten autorizar viviendas, negocios y cambios de uso de suelo en zonas expuestas a inundaciones o desbordamientos de canales, en lugar de actuar únicamente cuando ocurren las emergencias.
También de morena, el congresita Octavio Martínez Vargas advirtió que en diversos ayuntamientos las comisiones de Protección Civil no se instalan, no sesionan o sus trabajos carecen de seguimiento, además de omitir la actualización de los atlas de riesgos, lo que agrava los peligros para familias asentadas en barrancas, cerros, zonas de ductos de combustible y lugares propensos a derrumbes, socavones e inundaciones, como ocurre en Ecatepec.
Su compañera, la diputada Paola Jiménez Hernández, destacó que contar con un instrumento actualizado de este tipo contribuye a prevenir afectaciones por desastres naturales. Añadió que estas acciones requieren responsabilidad de las alcaldías y coordinación permanente con Protección Civil estatal.
Por último, la legisladora Selina Trujillo Arizmendi, igualmente de morena, expresó que, al tener identificados los poblados vulnerables, los ayuntamientos podrían orientar recursos a obras prioritarias de drenaje e infraestructura pluvial para prevenir inundaciones. Al respecto, mencionó los riesgos en barrancas, terrenos inestables y edificios de la Unidad Habitacional Tepozanes, en La Paz, cuya atención requiere la participación de los tres órdenes de gobierno.