En comisiones unidas del Congreso mexiquense se avalaron reformas que permitirían alcanzar sanciones de hasta 36 años de prisión para quien cometa el delito de violencia ácida o química contra mujeres, pena máxima que aplicaría si el ataque pone en peligro la vida de la víctima y si lo realiza una persona servidora pública, o si hay una relación de parentesco, convivencia sentimental, afectiva, laboral, docente, de subordinación, de confianza o de responsabilidad y cuidado.
Lo anterior se deriva de las iniciativas autoría de las legisladoras Zaira Cedillo Silva y Nelly Brigida Rivera Sánchez, de morena; de la bancada del PRD, coordinada por Omar Ortega Álvarez, y de la Fundación Carmen Sánchez, que fueron avaladas por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), con el objetivo de reformar el Código Penal estatal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.
En sus participaciones, Nelly Rivera mencionó que se trata de un momento histórico y de justicia, ya que este tipo de agresiones no serán consideradas lesiones simples “de esas que se pierden desafortunadamente en los escritorios de los ministerios públicos”.
Resaltó que el dictamen es resultado de escuchar, conciliar y unir voluntades, ya que conserva el deseo humanista para atender y aliviar el dolor de las víctimas, pues gracias a eso se logró un consenso irreductible: que estos actos y sus secuelas permanentes no pueden ni deben quedar en la impunidad.
Por otro lado, como diputada asociada, Zaira Cedillo señaló que, de acuerdo con la Fundación Carmen Sánchez, en el 85 por ciento de los casos registrados con este tipo de violencia, el agresor fue la pareja o expareja de la mujer agredida, por lo que sostuvo que estos ataques no deben ser tomados como lesiones comunes, sino bajo un enfoque de gravedad y urgencia.
En este sentido, precisó que se incorporaron todas las iniciativas recibidas y que, aunque todas las distintas leyes que se han tenido en el Estado tienen que ser perfectibles e ir modificando, en este momento se dará un gran paso al quedar establecida en la legislación.
Ambas legisladoras coincidieron en la relevancia de este dictamen que castiga una de las expresiones más agresivas contra las mujeres, lo que conlleva aumento de penas de prisión, atención médica integral, reparación total del daño, medidas de protección contundentes y responsabilidad del sistema de salud para atender este tipo de situaciones.
En su oportunidad, Emma Alvarez resaltó que las, le y los diputados deben garantizar el acceso real y efectivo a la justicia y no permitir que estos crímenes queden en la impunidad, “ni que las víctimas peregrinen por hospitales que no cuenten con protocolos especializados o fiscalías que minimizan su dolor”.