La igualdad económica constituye un eje fundamental para fortalecer el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Contar con ingresos propios, acceder a recursos productivos, controlar decisiones económicas y participar en la vida laboral en condiciones justas, influye directamente en su autonomía, seguridad, libertad y una vida libre de violencia, por lo que la búsqueda de esta igualdad se debe asumir como una prioridad en el servicio público.
Así lo señaló Andrea Olivia Martínez López, especialista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien explicó que no basta con reconocer derechos en la ley, si en la práctica permanecen barreras que limitan las oportunidades de las mujeres para estudiar, trabajar, producir, ahorrar, acceder a mejores prestaciones y sostener su proyecto de vida.
Estas barreras, mencionó, abarcan desde la distribución desigual de las tareas de cuidados, la precarización laboral, la discriminación en el acceso a crédito o la falta de redes de apoyo económico, hasta los llamados “techos de cristal” que impiden a las mujeres llegar a puestos de mayor jerarquía o la brecha salarial, que es una de las expresiones más visibles de la desigualdad económica entre mujeres y hombres.
Durante la conferencia impartida al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Andrea Olivia Martínez señaló que identificar las desigualdades económicas y aplicar la perspectiva de género en la acción pública, es necesario para contribuir a la igualdad sustantiva y a la autonomía económica.
Concluyó que, la importancia de esta autonomía se refleja en la seguridad, incluso, porque cuando las mujeres cuentan con ingresos propios y con posibilidades reales de sostener su vida, aumentan sus capacidades para tomar decisiones sobre su educación, su salud, su movilidad, su maternidad o sus relaciones personales.
Por ello, es indispensable fortalecer la autonomía económica de las mujeres, pues no debe limitarse a una política pública, sino también convertirse en una estrategia que amplie el ejercicio de los derechos humanos y reduzca la posibilidad de vulneraciones.