En comisiones de la LXII Legislatura mexiquense se aprobó la supresión de la prisión vitalicia del Código Penal estatal, ya que implica la privación perpetua de la libertad sin posibilidad de revisión o reducción de la pena, anula por completo cualquier expectativa de reinserción y convierte la sanción en una medida puramente retributiva.
El dictamen, que conjuntó las iniciativas de la diputada Sofía Martínez Molina (PT) y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, resalta que lo referido, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contradice la finalidad del sistema penitenciario y es incompatible con el estándar constitucional que exige la existencia de mecanismos que permitan evaluar el progreso de la persona sentenciada y, en su caso, su reincorporación a la sociedad.
Asimismo, con la reforma, se reconocería el principio de proporcionalidad que cumple un rol crucial en la protección de derechos humanos dentro del sistema de justicia penal, evitando penas que pudieran ser vistas como arbitrarias o como violaciones de la dignidad humana.
Durante la reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense, presidida por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), la parlamentaria Sofía Martínez resaltó que la reforma armoniza la legislación local con los criterios de la SCJN, la cual ha señalado que la figura de prisión vitalicia es incompatible con el principio de proporcionalidad de las penas, ya que elimina toda posibilidad de que la persona pueda reintegrarse a la sociedad.
“Por ello, esta iniciativa no solo atiende un criterio jurídico, sino responde al mandato constitucional de garantizar un sistema penal basado en el respeto y los derechos humanos”, puntualizó la diputada.
Al resaltar las coincidencias de las propuestas, particularmente en la necesidad de ajustar la proporcionalidad de las penas, enfatizó en la importancia de dejar claro que eliminar la prisión vitalicia no debilita la respuesta del Estado ante delitos graves; por el contrario, aseguró, fortalece un sistema más justo y respetuoso de la dignidad humana.
Finalmente, la legisladora reconoció el liderazgo de la gobernadora en la construcción de un sistema penal más justo y acorde a los principios constitucionales.
Cabe señalar que el proyecto modificaría los artículos del Código estatal en donde se establece la prisión vitalicia como castigo mayor para mandatar que la pena máxima sería de 70 años de prisión.