Por Charly Carreto
La Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA), no tiene llenadora y siguen cobrando una cuota mensual a los verificentro de 80 mil pesos al mes, independientemente del pago que tienen que realizar por la concesión.
En una entrega anterior ya se había comentado este hecho de corrupción, que al parecer lo único que hace es dejar mal parada a la secretaria del Medio Ambiente Alhely Rubio Arronis, y a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quienes cada vez que pueden se llenan la boca hablando de transparencia y cero corrupción.
Todo lo que recauda la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica a qué bolsillo va a parar.
En el Estado de México existen 168 centros de verificación, si cada uno da 80 mil pesos al mes, lo que recauda dicha dirección de manera mensual es de 13 millones 440 mil pesos, y al año una suma de 162 millones 280 mil pesos, insistimos ¿quién se embolsa ese dinero, o se utilizará para alguna campaña de candidato o candidata a la gubernatura estatal?
Así de transparente es la administración que encabeza Delfina Gómez Álvarez.
DE SALIDA: La administración estatal no conforme con todo lo que le cobran de cuota mensual a los verificentros, ahora se le ocurrió al Subsecretario de ingresos del Gobierno Mexiquense, Jaime Valdez Aldana que los negocios dedicados a vender y comparar oro, ahora tendrán que pagar un porcentaje por la compra y venta de oro.
Esto además del pago de licencia de funcionamiento y los pagos que tiene que hacer el dueño de un local dedicado a la venta y compra de oro.
Es una manera desesperada de estar consiguiendo dinero, pero no solamente en el gobierno estatal sino desde el gobierno federal.
En una entrega anterior habíamos comentado que solo les falta a los tres órdenes es de gobierno cobrar un impuesto hasta por respirar.
No les basta con el patrocinio que tienen de organizaciones de mala reputación, instaladas sobretodo en Jalisco y Sinaloa.
PARA CERRAR: El plan «B» de la presidenta Claudia Sheinbaum se basará en tres grandes ejes el primero en hacer reformas a la Ley General de Instituciones Y Procedimientos Electorales, que versa sobre una nueva distribución de recursos tanto a las organizaciones políticas (Partidos Políticos) y los organismos electorales tanto los estatales OPLES como al propio INE enfocados a un supuesto ahorro en los insumos para la realización del proceso electoral, impactando también los sueldos y salarios de los servidores electorales, pretende también acotar a los tribunales electorales tanto al federal como los estatales, el más preocupante cambio es que pretende modificar las reglas de la consulta popular permitiendo que lo que no se permite en este momento es someter a consulta los temas en materia electoral y hacerlos vinculante con el proceso legislativo para regresar la reforma al escenario legislativo con miras al 2030 y asegurar los candados para la próxima elección presidencial.
Además, dentro de su Plan «B» propone que hay que reducir los salarios de Senadores, Diputados federales y locales
Aunque es una reforma qué no es de su esfera de decisión lo manejará «aprovechando su mayoría en las legislaturas locales» la cual es muy dudosa en este momento por el pleito con sus aliados, qué están al filo del rompimiento, por otro lado, las dietas y subvenciones de los diputados ameritan una modificación a la ley orgánica de cada cámara, a sus reglamentos y sus procedimientos lo cual no lo veo fácil lo veo más como una amenaza de castigo a sus aliados.
Agradecer a nuestro amigo Horacio Jiménez por su colaboración con esta Columna, en materia electoral.
Alguien lo tenía que decir!!!
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