En comisiones del Congreso mexiquense se aprobó que, en casos de violencia digital y para garantizar la integridad de la víctima, el Ministerio Público y la jueza o el juez deberán ordenar de manera inmediata las medidas de protección necesarias, así como la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos vinculados a la investigación previa.
En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense se aprobó el dictamen que conjuntó iniciativas de la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez (morena) y de la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, que tipifica la violencia digital, incorporándola de manera expresa como una modalidad que debe de ser prevenida, atendida y sancionada por el Estado.
El proyecto legislativo define a la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.
Incluye también aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres, que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación (entendidas como aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos).
De acuerdo con las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, se establece que el mandato del Ministerio Público y de la jueza o el juez deberá comunicarse por vía electrónica o mediante escrito a empresas de plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales, páginas electrónicas, o a personas físicas o morales, para ordenar la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de cuentas, imágenes, audios o videos vinculados a la investigación, una vez cumplidos los requisitos que marca la ley.
El dictamen indica que, en este caso, se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del sistema informático, sitio o plataforma de internet en donde se encuentre alojado el contenido y su localización precisa.
Posteriormente, la autoridad que ordene las medidas de protección referidas deberá solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido que se denunció de acuerdo con sus características.
Las plataformas digitales, medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas darán aviso de forma inmediata a la o el usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.
El documento señala que la violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca la legislación penal vigente.
Al respecto, la diputada Sandra Patricia Santos aseguró que las reformas representan un paso importante frente a una de las formas de violencia más dolosas y persistentes de los tiempos actuales. Subrayó que las plataformas digitales y los nuevos entornos de comunicación no pueden convertirse en espacios de impunidad, donde se vulneren la dignidad, la intimidad y la seguridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Resaltó que uno de los avances más relevantes de esta reforma es que se faculta al Ministerio Público o la autoridad judicial para ordenar la interrupción de difusión del material que vulnere la intimidad de la víctima, así como la preservación de las pruebas necesarias para la investigación correspondiente.
Por último, señaló que este esfuerzo legislativo se enmarca en la ruta impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha puesto en el centro de la agenda pública la protección de los derechos de las mujeres y el combate frontal a todas las formas de violencia machista, a lo que el Congreso local responde con hechos a las mexiquenses.
Al recordar la aprobación de diferentes reformas para proteger a las mujeres, como las sanciones por 8 años de prisión por incurrir en violencia vicaria, la diputada Selina Trujillo Arizmendi (morena) enfatizó que en la entidad se están dando pasos agigantados en la materia.
Mencionó que la violencia digital es un desafío social que requiere acciones normativas, y se comprometió a promover una cultura de respeto en entornos digitales, fortalecer la educación y apoyar medidas legales y tecnológicas que protejan a las víctimas, como con la reforma aprobada.
Tras reconocer el interés de la LXII Legislatura por el bienestar de las mujeres, la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM) resaltó la relevancia de las reformas, pues aseguró que nombrar y definir jurídicamente la violencia digital es el primer paso para reconocerla, prevenirla y sancionarla.
Por otro lado, refirió que este tipo de violencia tiene una fuerte dimensión generacional, ya que las mujeres jóvenes de 20 a 29 años son las más afectadas. Asimismo, algunos estudios, indican que 30.7 por ciento de este grupo de mujeres reportó haber sido víctima de ciberacoso.