Comprometido con la preservación del medio ambiente, los bosques y el campo, la LXII Legislatura mexiquense ha aprobado sanciones para quienes alteren el ciclo hidrológico y quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos, así como para promover la participación de comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afecten sus territorios, y estudia propuestas para agravar sanciones por tala ilegal y para proteger el “Bosque de Agua”.
En este sentido, y en el marco del Día Internacional de los Bosques (21 de marzo), es preciso recordar que el Congreso local aprobó la regulación de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier otro mecanismo o tecnología que modifique el ciclo hidrológico, cuya aplicación requerirá un permiso o, de lo contrario, habrá sanciones de hasta seis millones 222 mil 700 pesos (55 mil veces el actual valor diario de la Unidad de Medida y Actualización).
Esta iniciativa, impulsada por la bancada del PVEM, el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la diputada Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca proteger al campo y los bosques de los impactos negativos por alteraciones de los patrones de precipitación.
Asimismo, faculta a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a dar seguimiento y regular la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, en cualquiera de sus estados físicos o de energía, que ocasione o pueda ocasionar desequilibrios a los ecosistemas o daños al ambiente y a la biodiversidad, o modifiquen los hábitats y los patrones de distribución de especies, desestabilicen los ciclos de nutrientes y la dinámica de las comunidades biológicas, así como afectaciones a la calidad y cantidad de agua.
Adicionalmente, a propuesta de la bancada del PVEM y de la gobernadora, se avaló imponer trabajo comunitario en materia de protección y preservación del ambiente en el espacio afectado, a quienes reincidan en la disposición de residuos sólidos de cualquier especie en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas, despoblados y, en general, en sitios no autorizados, como zonas forestales.
Además, como parte del Congreso Constituyente, se respaldó la reforma a la Constitución federal, que promueve la participación efectiva de comunidades indígenas y afromexicanas en decisiones que afectan sus territorios y recursos.
En materia de estudio se encuentran iniciativas de la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) para imponer penas de 12 a 20 años de prisión y de mil 500 a tres mil días multa a quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques, con lo cual se busca contrarrestar la pérdida de mil 310 hectáreas de bosques maderables por tala ilegal en 2022, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029.
Esta medida de protección al patrimonio forestal plantea sancionar a quienes inciten a personas adultas mayores a participar en estas actividades, y por afectar áreas naturales protegidas y reservas naturales, así como por usar armas de uso exclusivo del Ejército en estas acciones.
Paralelamente, cuando los delitos sean cometidos en áreas naturales protegidas, reservas naturales, con violencia o mediante el uso de armas prohibidas, las penas se agravarán hasta cinco años de prisión y mil días multa.