REFORMA CONSENSUADA PARA EL PODER JUDICIAL: JESÚS IZQUIERDO

Al celebrarse el tercer foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial. “Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores del Poder Judicial”, el legislador Jesús Izquierdo, del Grupo Parlamentario del PRI, se pronunció por una reforma consensuada que beneficie a toda la población, fortalezca el Estado de derecho y se adapte a las necesidades institucionales de las personas impartidoras de justicia.
En ese mismo sentido, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez, aseguró que los comentarios que se vierten en este foro servirán para consolidar una reforma que sirva a todos y se garantice el acceso “pronto y expedito a la justicia, que proteja a todas y todos, en especial a las personas más vulnerables”.
En su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, en este periodo de receso, Izquierdo Rojas dijo que siempre será necesario el diálogo abierto con los tres poderes del Estado y que se debe lograr un acuerdo entre todas las partes para beneficiar a los mexiquenses, sin trastocar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, de ahí la importancia de realizar estos foros de diálogo abierto.
Al tomar la palabra, el senador Ricardo Monreal Ávila informó que la reforma al Poder Judicial se estima en 3,500 millones de pesos y aseguró que ésta reforzará la austeridad como deber y como política de Estado.
As su vez, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del TSJEM habló de una suficiencia presupuestal y explicó que con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se garantizará que nadie en la administración pública gane más que la titular del Ejecutivo federal, se elimine el haber de retiro y las pensiones vitalicias.
Ante el diputado Elías Rescala Jiménez, presidente de la JUCOPO y coordinador de la bancada del PRI en la LXI Legislatura mexiquense, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal, indicó que la Carta Magna impone un respeto a la autonomía de los poderes judiciales y los derechos de las y los trabajadores del sector, pero enfatizó que todo lo demás está a discusión.
El magistrado Ricardo Sodi insistió que, frente a las carencias de personal, instalaciones y equipo en los tribunales, no es posible hablar de austeridad; dijo estar a favor de la racionalidad del gasto para una aplicación transparente y eficiente para acercarse a los estándares internacionales, con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo.