Debido a las pérdidas de vida, así como los daños a la salud y al medio ambiente que generaron los incendios registrados en las últimas semanas en el Estado de México, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) propuso que las penas se eleven desde 10 hasta 30 años de prisión y de cinco mil a veinte mil días de multa para quien promueva o provoque de manera intencional un incendio forestal.
En sesión plenaria, la diputada del PRI, Karla Aguilar Talavera, informó que, de acuerdo con diversos estudios, el 99 por ciento de los incendios forestales son generados o provocados por actividades humanas y, tan sólo el 1 por ciento, es obra de la naturaleza, por ejemplo, a raíz de la caída de rayos o erupciones volcánicas.
Destacó la importancia de aumentar las penas para evitar esta problemática, ya que según información de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), durante el primer trimestre de este año, se registraron en la entidad 519 incendios forestales, es decir, 100 más en comparación al mismo periodo durante el 2023.
La diputada priista señaló que estos hechos han sido evidenciados en videos en redes sociales, donde se puede observar a personas que deliberadamente provocan incendios.
La legisladora priista subrayó que, además de la pérdida de biodiversidad y el incalculable daño ambiental que provocan los incendios forestales, se deben tomar en cuenta los factores económicos que conllevan, así como el lamentable fallecimiento de guardabosques quienes, día a día, arriesgan su integridad cuando el fuego es difícil de controlar.
El objetivo de esta propuesta, dijo, es hacer conciencia y generar una cultura de mayor respeto y cuidado por nuestro medio ambiente.
“Cuando los incendios escapan del control humano, alimentados por el clima, el viento y la maleza, pueden calcinar hectáreas de tierra y consumir todo lo que encuentran a su paso en cuestión de minutos”, expresó Aguilar Talavera.
La propuesta presentada por el GPPRI fue turnada a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Protección Ambiental y Cambio Climático para su análisis y posible dictaminación.