VALLE DE MÉXICO. El diputado Max Correa Hernández informó que la Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública inició su campaña de recolección de firmas en todo el país para que el Gobierno Federal suspenda el pago del servicio de la deuda pública por lo menos durante dos años, a fin de reestructurarla e implementar un programa emergente “que nos saqué de la crisis”.
También se pretende que el Gobierno Federal decrete la creación de una Comisión Auditora Ciudadana a fin de conocer en qué se usaron los créditos contraídos y permita averiguar qué deudas son legítimas o inmorales.
El legislador mexiquense detalló que ante la crisis económica del neoliberalismo, agudizada por la pandemia del Covid-19, es necesario que el Gobierno de México cancele de inmediato la deuda del Fobaproa/IPAB por ser ilegítima y un robo descarado.
“Los recursos derivados de la suspensión y cancelación de la deuda o del servicio de la deuda, se deben aplicar a la creación de fuentes de trabajo con empleo permanentes, a la atención integral de la infancia, la salud, educación, el abasto seguro de agua electricidad y gas para los hogares, la producción de alimentos, a los programas de apoyo al campo, y a las mujeres y pueblos originarios”.
Correa Hernández, quien es dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), reiteró que estas medidas impulsadas por la Promotora para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública y las organizaciones que la respaldan, se deben a la enorme deuda pública heredada de los gobiernos anteriores que supera actualmente los 13 millones de millones de pesos, casi es doble del presupuesto público para el año 2022, cantidad que se incrementará con el alza de tasas de interés impuestas por la inflación.
“Debido a esta gran deuda, en 2022 México pagará por servicios de la deuda intereses y comisiones más de 869 mil millones de pesos, y en 2023 el pago será de más de un millón de millones de pesos.
“Estás enormes cantidades superan por mucho el monto de todos los actuales programas sociales y prioritarios del gobierno y los presupuestos para salud y educación, sangrando las ya de por sí débiles finanzas nacionales, mientras que en contrapartida se acumulan y concentran las inmensas ganancias de los bancos multinacionales y nacionales privados”.
Finalmente, Max Correa afirmó que un año del pago de Servicio de la Deuda Pública del país, representa tres años del presupuesto del Estado de México; un año del pago del Servicio de la Deuda Públicas representa tres años del presupuesto que en el 2022 el Gobierno Federal destina al campo mexicano”.