Ante las graves irregularidades que se presentan en los penales estatales, el presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez, aseguró que urge atender el hacinamiento, los problemas de salud, abusos y torturas, así como sancionar a los funcionarios responsables de ello.
Al reunirse con cientos de familiares de personas privadas de la libertad, que pertenecen al movimiento Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, que se manifestaban afuera del Poder Legislativo, para exigir que se atiendan los abusos contra los internos, el morenista refirió que es obligación de las y los diputados escuchar sus demandas y legislar para frenar los maltratos y abusos en los reclusorios.
El legislador de la Cuarta Transformación precisó que la Comisión a su cargo, se enfocará en atender los problemas más urgentes de hacinamiento, salud, y el tema presupuestal para el 2022, y anunció que la bancada de Morena buscará que la Comisión, que hoy es especial, sea permanente, ante la importancia del tema, pues a nivel nacional solo dos estados tienen este tipo de comisiones.
La Comisión Especial del Sistema Penitenciario revisará los reglamentos de los penales ante las graves anomalías que hoy se registran, y también el tema presupuestal para ver cómo se está ejerciendo, y que se acaben las zonas de castigo en las prisiones, pues se han convertido en sitios de tortura.
“Tenemos que acabar con todo ese esquema de corrupción que hay en los penales, y llamar a cuentas a los funcionarios responsables en todo este esquema”, aseveró.
Al grito de ¡sin maltrato, sin dinero! ¡queremos ser escuchadas!, familiares de internos alzaron la voz para que se escuchen sus demandas y los abusos que padecen, la cobra de cuotas por ver a sus familiares, por ingresar alimentos, por visitas íntimas y el enriquecimiento de directores y funcionarios de los diversos penales.
José Humbertus Pérez, representante de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos pidió que la comisión revise el modus operandi desde la Fiscalía General para la fabricación de diversos delitos por robo de vehículo y secuestro, y de los cuales cuentan con videos al respecto.
“Tenemos videos de cómo se le da la libertad a personas que roban transporte, de cómo se fabricó el delito de robo a vehículo, de cómo hay patrones funcionarios del ministerio público para fabricar homicidio y secuestro, hay una base de datos que lo sustentan”, denunció.
El activista anunció que pedirán a la Legislatura local que se considere una partida especial para la Comisión Especial de Amnistía y que diputados y diputadas de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, y la de Puntos Constitucionales, junto con el Poder Judicial y Codhem, dos ciudadanos y un académico, regresar al Consejo de Seguridad como miembros permanentes, con derecho a voz y voto.
Los familiares denunciaron abusos al interior de los penales de Chalco, Barrientos, Chiconautla, y que sus internos han sido trasladados a otros reclusorios por las denuncias de la organización.
Fabiola Santos, relató que su esposo José Rodríguez Roldán lleva 14 años preso en el penal Neza Bordo, sentenciado a 120 años de prisión por un accidente automovilístico, en un proceso plagado de irregularidades y donde le sembraron un arma, pero “es mi esposo, no lo he dejado y sigo en lucha por él”.