Por Luis Ayala Ramos
Tlalnepantla, México. El presidente municipal morenista de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, debe dejar cuentas claras antes de renunciar después de su último informe el próximo 6 de diciembre como lo anunció, pues se estima que son más de mil millones de pesos del erario municipal, cuyo destino no ha sido debidamente aclarado ante los órganos de fiscalización estatal y federal.
Afirmó el dirigente social Edgard Huerta, quien demandó que se haga público y aclare el título de concesión que otorgó a la familia Santos, de la cual forma parte el actual Tesorero Municipal, Ricardo Santos Arreola, para la operación y administración por 20 años del relleno sanitario de Barrientos, lo que implica un millonario negocio en el que se presume que es beneficiario el propio presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz.
“Esa concesión es una clara violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que en el párrafo III del Artículo 42 obliga a abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores Estatales o Municipales, o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del Estado o Municipios, o de los concertados o convenidos por el Estado con la Federación o sus Municipios”, indicó.
Habría que recordar al presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y a su Tesorero Municipal, Ricardo Santos Arreola, que en la misma Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en el párrafo XIII del artículo 42, se prohíbe expresamente realizar “negocios” con los familiares, dijo.
“Abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a personas con quienes tenga parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y que por razón de su adscripción dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sea titular”, señala textualmente la ley, indicó Edgard Huerta.
Por último, Edgard Huerta propuso a los legisladores del Estado de México una revisión a fondo del marco legal vigente que rige la actuación de los servidores públicos, sobre todo en los municipios, pues –opinó— “el no hacerlo sería tanto o más que ser cómplices de este tipo de conductas irregulares y sumar a la impunidad”, finalizó Edgard Huerta.